Emails demuestran que la administración Trump amenazó los investigadores que cuestionaron el fraude en Bolivia

UNA FISCAL DEL DEPARTAMENTO DE JUSTICIA DE LOS ESTADOS UNIDOS contactó en varias ocasiones a investigadores del Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT, por sus siglas en inglés) para hacerles preguntas, eventualmente bajo la amenaza de una citación judicial, sobre investigaciones que llevaban a cabo sobre la elección presidencial boliviana de 2019, según copias de correos electrónicos que obtuvo The Intercept. Los emails, enviados entre octubre de 2020 y enero de 2021, apuntan a la existencia de una indagación por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos y suman más evidencia para sostener los alegatos de Bolivia en cuanto a que Estados Unidos está implicado en el golpe de 2019.

Estos correos, cuyo contenido nunca se había reportado hasta ahora, revelan que el Departamento de Justicia estaba involucrado en la investigación criminal del régimen golpista boliviano sobre un supuesto fraude electoral. La pesquisa se enfocaba en el trabajo de un par de investigadores respetados del Centro de Investigación Económica y Política de MIT. Estos refutaban de forma amplia el argumento de que el partido socialista de Bolivia había cometido fraude electoral.

El breve régimen golpista llegó al poder luego de seguir un guion evidente. En las semanas antes de las elecciones presidenciales bolivianas en octubre de 2019, la oposición inyectó un sinfín de propaganda en las redes sociales y en los canales de televisión, advirtiendo que el presidente incumbente, Evo Morales, gestaría un fraude generalizado para ganar la reelección. Morales fue el primer presidente indígena electo en Bolivia en el 2005, como cabeza del partido Movimiento al Socialismo, o MAS; y, para el 2019, se postulaba a su cuarto término. Se enfrentó a una oposición intensa que a menudo se daba en términos burdamente racistas, y que surgía de una coalición monstruosa de derecha de bolivianos descendientes de europeos que apoyaban al expresidente Carlos Mesa. Mesa, quien alguna vez fue miembro del partido revolucionario de izquierdas, se había vuelto hostil hacia las posturas social demócratas del gobierno de Morales.

A medida que se contaban los votos en la noche de las elecciones, Morales, como era de esperarse, llevaba la delantera. La cuestión era si ganaría por la cantidad suficiente necesaria para evitar una segunda vuelta, que en Bolivia se celebra cuando un candidato gana por un margen menor de diez puntos. En un conteo extraoficial, Morales lideraba a Mesa por 7.9 puntos, lo que le daba a la oposición esperanzas de pasar a una segunda ronda. Pero cuando se publicó el resultado oficial, Morales había vencido por 10.6 puntos. No habría una segunda vuelta.

Sin evidencia alguna, la oposición de inmediato radicó cargos de fraude. Al otro día, la Organización de Estados Americanos (conocidas por sus siglas, OEA), la poderosa organización de cooperación hemisférica con sede en Washington, D.C., apoyó los reclamos de la oposición.

“La Misión de la OEA manifiesta su profunda preocupación y sorpresa por el cambio drástico y difícil de justificar en la tendencia de los resultados preliminares conocidos tras el cierre de las urnas”, leía el comunicado incendiario de la OEA. Los manifestantes tomaron las calles; los militares llamaron a que Morales abdicara; y la oposición instauró a una nueva líder, Jeanine Áñez, luego de tres semanas de trifulcas. Áñez, que políticamente se ubica muy a la derecha de Mesa, asumió el poder y de inmediatamente intentó eliminar el sentido de emancipación que el gobierno de Morales les había brindado a los pueblos indígenas. Mientras que en el Consejo de Ministros de Morales 14 de los 16 miembros eran indígenas, Áñez no designó ni a una persona indígena al suyo. En los dos meses anteriores a que asumiera el mando, había tuiteado que Morales era un “pobre indio” e insinuó que las personas indígenas no pueden usar zapatos. Cuando llegó a la presidencia, declaró: “La Biblia vuelve a Palacio”.

La expresidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, es escoltada por oficiales de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen luego de su arresto en La Paz, el 13 de marzo de 2021.

El golpe, que fue a grandes rasgos la misma jugada que intentaría el presidente Donald Trump un año después, se había consumado.

No obstante, la prensa estadounidense se negó a llamarlo como tal y en vez de ello aceptó las alegaciones de fraude sin más.

“La línea entre golpes y revueltas puede ser difusa, incluso puede no existir”, escribió Max Fisher para The New York Times. Citó lo que el politólogo Jay Ulfelder llama “el golpe de Schrödinger”: aquellos casos que “existen en un estado perpetuo de ambigüedad en los que simultáneamente son golpe y no son golpe”. Descartó la distinción como un “binario anticuado” que ahora se consideraba “anacrónico” por los académicos.

The New York Times no sintió tal congoja sobre los alegatos de que el partido de Morales había cometido fraude electoral. Su cobertura en octubre de 2019 reprodujo las promesas de la oposición de un informe de la OEA por publicar que iba a ser “devastador” y alegaba que “la probabilidad de una victoria del Sr. Morales será percibida por la comunidad internacional como ilegítima”. El primer diplomático para América Latina de la administración Trump, Michael Kozak, condenó el gobierno de Morales y aseguró que Estados Unidos “trabajaría con la comunidad internacional para responsabilizar a cualquier persona que socavara las instituciones democráticas bolivianas”.

Incluso una mirada superficial al proceso de conteo de votos sugiere que la delantera de Morales era sencillamente predecible.

Sin embargo, incluso una mirada superficial al proceso de conteo de votos sugiere que la delantera de Morales era sencillamente predecible. El grueso de los votos que faltaban por contarse en la noche electoral del 2019 se había emitido en lo profundo de las áreas rurales del país, en donde los mineros y los agricultores de coca indígenas, así como otras personas de clase obrera, apoyaban abrumadoramente a Morales. (El expresidente es originario de Chapare y fue líder del sindicato de cultivadores de coca). Debía haber sido obvio que sus votos lo favorecerían.

Poco más de un año después, en noviembre de 2020, los votos demócratas que se contaron en altas horas de la noche ubicaron a Joe Biden por encima de Donald Trump en las elecciones presidenciales estadounidenses. Trump alegó una falta personal. “Estábamos ganándolo todo y de repente simplemente se acabó”, dijo Trump la noche de las elecciones. “Iremos al Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Queremos que todas las votaciones se detengan. No queremos que encuentren ninguna papeleta a las cuatro de la mañana para que luego las añadan a la lista”. Los medios estadounidenses no tuvieron ninguna dificultad para explicar por qué la ventaja de Biden era legítima. No obstante, cuando informaban sobre Bolivia, toda esta pericia electoral estadounidense se desvanecía en el aire.

Luego de sus declaraciones de octubre, la OEA publicó un análisis más detallado en noviembre de 2019. Esta vez encontró quizás hasta algunos cientos de casos de aparente manipulación de votos. Pero los datos en el informe no apoyaban de forma suficiente las alegaciones que hacía la organización en cuanto a un fraude generalizado. En una carta a la OEA más tarde en el mes, la representante Jan Schakowsky, una demócrata del estado de Illinois, preguntó si la organización “era consciente de que este aumento constante en el margen de Evo Morales era el resultado de que los precintos que eran, en promedio, más pro-Morales reportaban los resultados más tarde que los precintos que aquellos que eran, en promedio, menos pro-Morales? ¿Por qué esta conclusión tan aparentemente obvia —a raíz de la información disponible para el público— nunca se menciona en las expresiones a la prensa o en los informes de la Misión de Observación Electoral?”

The New York Times no hizo ese mismo ejercicio de análisis. “Luego de que la Organización de Estados Americanos declarara el domingo de que había una ‘manipulación dolosa’ en la votación de octubre”, editorializó el periódico, “el Sr. Morales no tuvo otro remedio que renunciar y tuiteó amargamente desde una ubicación desconocida que: ‘El mundo y bolivianos patriotas repudian el golpe’”.

DE HECHO, serían los estadísticos los que repudiarían el golpe. Los investigadores de MIT, comisionados por el Centro de Investigación Económica y Política, estudiaron los datos y la evidencia más a profundidad tras las alegaciones. Concluyeron lo que muchos otros observadores independientes ya habían hallado: las alegaciones de fraude eran falsas, según el análisis estadístico realizado por Jack R. Williams y John Curiel del Laboratorio de Datos y Ciencias Electorales de MIT.

Los efectos del análisis de los investigadores de MIT, que publicó el Washington Post en febrero de 2020, fueron considerables. En un viraje impresionante, The New York Times publicó un artículo sobre los hallazgos y expresó que “ponía en duda el fraude electoral boliviano”.

La publicación prestigiosa fue un gran revés para el régimen golpista y se le hizo mención en muchos de los mismos medios importantes que habían impulsado la narrativa de fraude electoral del gobierno golpista. Esta nueva información socavó la credibilidad internacional del gobierno golpista que se degradaba incluso más a medida que dilataba una y otra vez una nueva elección. Con La Paz paralizada por los manifestantes —y esta vez las multitudes eran partidarias del MAS— el régimen finalmente se vio obligado a celebrar las elecciones el 18 de octubre de 2020.

Tres días antes de esta votación, los investigadores recibieron la primera de las peticiones del Departamento de Justicia. La fiscal Angela George se identificó como una abogada de la Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia (OIA, por sus siglas en inglés) y dijo que había “recibido una petición formal de Paraguay” de ayuda en una investigación criminal en curso. Curiel le dijo que había contactado con el investigador equivocado, pues él no había trabajado en ningún estudio de elecciones paraguayas. Ella le respondió que se había querido referir a las de Bolivia.

George nunca brindó detalles sobre la naturaleza de la investigación criminal, de cuya existencia no se ha informado anteriormente hasta ahora. Los intentos por conseguir al ministro de justicia del gobierno golpista, Álvaro Coimbra, no rindieron frutos. Actualmente, Coimbra está en prisión y se enfrenta a cargos de sedición vinculados con el golpe.

“Tenemos algunas preguntas sobre el informe investigativo y agradeceríamos si nos dijese cuándo usted estaría disponible para conversar con nosotros por teléfono en o antes del 6 de noviembre de 2020”, comunicó George a los investigadores. Cuando Williams le explicó que su investigación se fundamentaba en información disponible al público, George respondió con una amenaza de una “orden judicial aplicable a usted y el laboratorio”. No obstante, y acto seguido, bajó el tono de su exigencia y expresó que una entrevista quizás no sería necesaria. “Solo estoy intentando averiguar si el informe Análisis de las elecciones de Bolivia de 2019 que se incluye en el artículo del Washington Post al que hago referencia a continuación incluye su investigación y si es una copia auténtica del informe que se produjo… y que incluye la investigación integral que hicieron usted y el Sr. Curiel”, escribió la abogada.

La pesquisa del Departamento de Justicia atemorizó a la comunidad académica de investigadores electorales y pudiera haber causado un efecto intimidatorio en las investigaciones siguientes.

La amenaza de una citación fue una movida muy fuera de lo común, ya que el Departamento de Justicia tiene unos protocolos estrictos para proteger la libertad de prensa y prevenir la intimidación por parte del gobierno. Según una fuente allegada a la investigación, y que no estaba autorizada a hablar públicamente, la pesquisa del Departamento de Justicia atemorizó a la comunidad académica de investigadores electorales y pudiera haber causado un efecto intimidatorio en investigaciones siguientes.

Una persona que solía ser fiscal del Departamento de Justicia y que también laboró en la OIA le dijo a The Intercept que el intercambio epistolar fue inusual por varias razones. La persona, que prefirió permanecer en el anonimato para evitar represalias profesionales, expresó que los investigadores profesionales capacitados en técnicas de interrogatorio usualmente son los que se ponen en contacto con los sujetos y que hay normas estrictas para cualquier interacción con los medios.

“Generalmente, OIA le solicitaría al FBI o a otra agencia investigativa que ejecute una petición de asistencia legal mutua como una entrevista voluntaria de testigos o para una pesquisa como esta. No es habitual que un fiscal de OIA se encargue de esto”, explicó la persona que solía ejercer esta precisa profesión.

También compartió que las interacciones con los medios requieren de una autorización del liderato principal del Departamento de Justicia.

“Existe toda una gama de protocolos complejos para los fiscales que procuran información de algún medio de comunicación. La decisión de seguir adelante con esto se toma en los altos niveles del Departamento de Justicia. Esta petición particular no es la investigación criminal de todos los días, por lo que podemos tener la certeza de que recibió la atención de los niveles más altos”, dijo la fuente.

El portavoz del Departamento de Justicia, Joshua Stueve, no quiso emitir comentarios.

A PRINCIPIOS DEL 2020, un medio financiado por el gobierno de los Estados Unidos, Voz de América —que es un complemento en español de Voice of America— mencionó por nombre en un artículo a los mismos dos investigadores. El escrito daba a entender que se les podría llevar a los tribunales por su estudio.

“Bolivia rechazó de manera rotunda el supuesto informe del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT, por sus siglas en inglés), que aseguraba que en Bolivia no hubo fraude electoral”. Así comienza el artículo del 5 de marzo de 2020 escrito por Yuvinka Gozalvez Avilés.

Gozalvez escribió que Karen Longaric, quien solía ser la ministra de relaciones exteriores, “descartó realizar un proceso judicial ante estas dos personas que publicaron el artículo” y advirtió de que hay sanciones más duras que un proceso judicial y es el descrédito profesional.

“Ambos expertos forman parte del MIT sin embargo la institución negó cualquier autoría o participación en dicho documento, aclarando que ambas personas, ‘llevaron a cabo el proyecto como contratistas independientes del Centro de Investigación Económica y Política (CEPR por sus siglas en inglés)’”, continúa Gozalvez. El Centro de Investigación Económica y Política le dijo a The Intercept que no había recibido ninguna comunicación de Voz de América para el artículo ni que el Departamento de Justicia les contactó sobre la investigación. La oficina de prensa de MIT no respondió las solicitudes de expresiones de The Intercept.

El artículo también comparte una alegación sin fundamentos de Longaric de que el informe de los investigadores de MIT “vinculado a personas afines al presidente en disputa de Venezuela, Nicolás Maduro, aliado del exmandatario Evo Morales”. Gozalvez no provee ninguna evidencia para estas alegaciones, pero cita a Longaric hablando sobre los investigadores: “Podemos aseverar que nuevamente aquellos enemigos de la democracia pretendieron bajo la mentira perturbar el estado de derecho en Bolivia y obstaculizar las elecciones”. (Los aliados de Trump también alegaban que Venezuela había estado involucrada en robarle las elecciones).

En la antesala al segundo día de elecciones, los medios aliados de la derecha una vez más estaban plagados de alegaciones de que habría fraude. Sin embargo, los esfuerzos fallaron una vez más y el MAS ganó abrumadoramente. Morales, que todavía estaba en el exilio, no se postuló. Su discípulo, Luis Arce, ganó con el 55 por ciento del voto. Una vez más, no habría una segunda vuelta.

Áñez se había salido de la carrera un mes antes de la nueva elección, dejando así a Mesa de nuevo como el candidato líder de la oposición. Desde entonces, Morales abandonó el exilio y regresó a Bolivia, y Áñez fue arrestada y acusada por el nuevo gobierno por los delitos de terrorismo, sedición y conspiración.

Traducción al español de Teresa Córdova Rodríguez